Para CCOO la reforma de la Oficina Judicial es discriminatoria
RTPA, 16-11-2009 14:40 h
El secretario de Política Social de CCOO de Asturias, Ignacio Quintana y el coordinador del sector de Justicia de la Federación de Servicios a la ciudadanía, Juanjo Azcano, denunciaron hoy que la reforma de la administración aprobada el pasado día 3 de noviembre dará lugar a una justicia "de dos velocidades" y obstaculizará el acceso ciudadano a dicho servicio público.
En rueda de prensa, Quintana lamentó que dicha reforma, aprobada en el Parlamento con unanimidad en los dos partidos mayoritarios, implica una privatización encubierta del sector y un retroceso a la situación de hace 30 años "cuando cualquier movimiento en los Juzgados había que pagarlo".
Indicó que la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial supone que los actos de comunicación que eran responsabilidad de un funcionario público, puedan ser efectuados por un procurador contratado y pagado por la parte denunciante.
A su juicio, pasados "uno o dos años" se hará un balance que determinará la mayor efectividad de este nuevo procedimiento e inclinará la balanza del lado de la privatización del sector.
Por su parte, Juanjo Azcano señaló que el artículo 19 de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluye una disposición adicional en la que se establece la obligatoriedad constituir un depósito para la interposición de cualquier recurso "ordinario o extraordinario en los órdenes civil, penal y contencioso".
Dicho depósito, que en el orden penal será exigible sólo a la acusación popular, oscilará entre los 30 y los 50 euros en función de que se trate de una queja, una apelación, una revisión o un recurso de casación.
Al respecto, recriminó que el ciudadano pagará dos veces por un servicio público, como la Justicia, que debe financiarse con los recursos procedentes de los impuestos. Asimismo, para CCOO de Asturias, la obligatoriedad de este depósito es un obstáculo al ciudadano para el acceso a la Justicia y atenta contra su derecho a una tutela judicial efectiva.
Según Azcano, los retrasos en los procedimientos y el incremento de la litigiosidad no pueden solventarse mediante el encarecimiento de los servicios que paga el ciudadano, sino mediante un incremento de los recursos materiales y humanos de la administración de Justicia.
