Estimados compañeros y compañeras:
Como ya nos tiene acostumbrados este Ministro y su equipo, una vez más, los representantes de los trabajadores nos enteramos por sus notas de prensa de cuáles son sus decisiones en torno a la implantación de la nueva oficina judicial.
Si tras reiteradas interpelaciones de este sindicato en todas y cada una de las mesas de información (que no negociación) a las que hemos sido citados sobre cuál es su modelo de Oficina Judicial, cuáles serán las ciudades-piloto donde comenzará a implantarse, etc..., acabamos de leer que implantará TRES SERVICIOS COMUNES (GENERAL, DE EJECUCIÓN Y DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO), QUE LAS CIUDADES-PILOTO escogidas son BURGOS, CÁCERES, LOGROÑO, MURCIA, PALMA DE MALLORCA Y CIUDAD REAL, además de la implantación en la AUDIENCIA NACIONAL del SERVICIO COMÚN GENERAL.
Realmente la anunciada convocatoria a la mesa de ¿negociación? del próximo día 27 de octubre cuyo contenido iba a versar sobre los Servicios Comunes y el Plan de Despliegue de la NOJ y las ciudades elegidas, deja de tener sentido negociador para pasar, una vez más, a una mera información de lo que ya ha decidido el Ministerio y anuncia públicamente.
Sin embargo, el Ministerio, en su nota de prensa acerca de las reformas de las leyes procesales aprobadas ayer en el Congreso, cita como fundamento de las mismas el
“dotar de orden, racionalidad y simplicidad a nuestro sistema de justicia...", olvidándose deliberadamente del perjuicio que causará al servicio público una Oficina Judicial donde las UPADs no estén diferenciadas por órdenes jurisdiccionales, donde la disfuncionalidad entre los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia siga generando un desorden deliberado, irracional y nuestro sistema de justicia sea todo menos "simple", y todo ello, por no escuchar a los trabajadores en nuestra demanda de retirar de ese proyecto la modificación del art. 521 de la LOPJ.
Pese a la aprobación ayer de la reforma del art. 521 y su próxima entrada en vigor, debemos intensificar la explicación a los trabajadores de sus consecuencias así como acelerar la recogida de firmas de los mismos para poder presentar, al menos un volumen importante de ellas, en la mesa del 27 de octubre; posteriormente una vez las tengamos todas recogidas, las presentaremos ante los grupos parlamentarios.
Como ya nos tiene acostumbrados este Ministro y su equipo, una vez más, los representantes de los trabajadores nos enteramos por sus notas de prensa de cuáles son sus decisiones en torno a la implantación de la nueva oficina judicial.
Si tras reiteradas interpelaciones de este sindicato en todas y cada una de las mesas de información (que no negociación) a las que hemos sido citados sobre cuál es su modelo de Oficina Judicial, cuáles serán las ciudades-piloto donde comenzará a implantarse, etc..., acabamos de leer que implantará TRES SERVICIOS COMUNES (GENERAL, DE EJECUCIÓN Y DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO), QUE LAS CIUDADES-PILOTO escogidas son BURGOS, CÁCERES, LOGROÑO, MURCIA, PALMA DE MALLORCA Y CIUDAD REAL, además de la implantación en la AUDIENCIA NACIONAL del SERVICIO COMÚN GENERAL.
Realmente la anunciada convocatoria a la mesa de ¿negociación? del próximo día 27 de octubre cuyo contenido iba a versar sobre los Servicios Comunes y el Plan de Despliegue de la NOJ y las ciudades elegidas, deja de tener sentido negociador para pasar, una vez más, a una mera información de lo que ya ha decidido el Ministerio y anuncia públicamente.
Sin embargo, el Ministerio, en su nota de prensa acerca de las reformas de las leyes procesales aprobadas ayer en el Congreso, cita como fundamento de las mismas el
“dotar de orden, racionalidad y simplicidad a nuestro sistema de justicia...", olvidándose deliberadamente del perjuicio que causará al servicio público una Oficina Judicial donde las UPADs no estén diferenciadas por órdenes jurisdiccionales, donde la disfuncionalidad entre los diferentes cuerpos de la Administración de Justicia siga generando un desorden deliberado, irracional y nuestro sistema de justicia sea todo menos "simple", y todo ello, por no escuchar a los trabajadores en nuestra demanda de retirar de ese proyecto la modificación del art. 521 de la LOPJ.
Pese a la aprobación ayer de la reforma del art. 521 y su próxima entrada en vigor, debemos intensificar la explicación a los trabajadores de sus consecuencias así como acelerar la recogida de firmas de los mismos para poder presentar, al menos un volumen importante de ellas, en la mesa del 27 de octubre; posteriormente una vez las tengamos todas recogidas, las presentaremos ante los grupos parlamentarios.
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