SAJ-CCOO: CCOO COMBATIRÁ CUALQUIER DECISIÓN QUE PRETENDA VULNERAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ESTABLECIDOS EN LA LOPJ

El Ministro de Justicia y las CCAA con competencias se comprometen a estudiar la descentralización del personal al servicio de la Administración de Justicia.

El Ministro de Justicia no ha tardado mucho en utilizar a los trabajadores de la Administración de Justicia como moneda de cambio para lograr el apoyo de las CCAA al “Acuerdo social para la modernización de la Justicia” y conseguir el apoyo parlamentario suficiente para la reforma de las Leyes Procesales, dada la actual debilidad parlamentaria del grupo que sustenta al Gobierno.

Con la hipocresía envuelta en un traje de buenos modales y voluntad de consenso, el Ministro de Justicia ya anunció hace días su intención de tratar este tema en la Conferencia Sectorial (lo anunció, decimos bien, pero no a quién era su obligación, a los representantes de los trabajadores) pese a que fue incapaz de responder a esta cuestión en la única reunión mantenida hasta ahora con los representantes de los trabajadores (el pasado 30 de abril), a pesar de las preguntas directas de CCOO sobre esta cuestión.

Efectivamente, en la Conferencia Sectorial que se celebró el 17 de junio, el Ministerio y las CCAA han alcanzado un consenso “para realizar un estudio sobre la descentralización del personal al servicio de la Administración de Justicia y en particular en lo relativo a selección y provisión de puestos de trabajo……..El Ministerio se ha comprometido a valorar la viabilidad de la propuesta presentada por las comunidades en la reciente Conferencia de Barcelona”.

El Ministerio se escuda así en una petición unánime de todas las CCAA con competencias en materia de gestión de personal para solventar los numerosos problemas que, según ellas, ocasiona el modelo acordado en la LOPJ, tras la reforma del año 2003. Es curioso, por no decir misterioso, que esta petición de las CCAA y la aceptación del Ministro no incluya a los Secretarios Judiciales, quiénes según todas las Administraciones, será la pieza fundamental sobre la que pivotará la reforma de la Oficina Judicial, sobre la que el Ministro anuncia su implantación a partir de enero de 2010.

Que nadie se llama a engaño: los problemas de la Administración de Justicia no han venido derivados del modelo de gestión de personal implantado hasta la fecha, algo que todos los intervinientes en esta Administración saben. Porque esto sería esconder una vez más, los verdaderos problemas y causas y los responsables de las deficiencias de la misma y por tanto volver a echar balones fuera en su solución.

La falsedad de las CCAA, que, consideramos, con un interés puesto más en razones de contenido político que en la defensa a ultranza del servicio público, y la propia debilidad del Ministerio de Justicia en hacer valer su posición de institución fundamental para garantizar la coordinación entre todas ellas, para que el Servicio Público de la Administración de Justicia sea efectivo y eficaz en todos los ámbitos territoriales, son las razones verdaderas de lo que está ocurriendo al margen de los trabajadores y de sus representantes.

En cualquier caso, las negociaciones que en los niveles políticos se están produciendo respecto a las reformas de la LOPJ, de las Leyes procesales, Estatutos de Autonomía….deben respetar todos los derechos de carácter estatal recogidos en la LOPJ y en los Reglamentos que la desarrollan y que tanto ha costado conquistar a los trabajadores de la Administración de Justicia. Su eventual vulneración supondría una fuerte contestación de CCOO y de los más de 40.000 trabajadores afectados de esta Administración.

Entre esos derechos que desde CCOO consideramos imprescindible mantener en nuestro Estatuto Jurídico, citamos:

1.- La especificidad de las tareas y funciones de los funcionarios de la Administración de Justicia. En este sentido, CCOO exige el cumplimiento escrupuloso por todas las Administraciones competentes de la reserva de función expresada en el artículo 435.4 de la LOPJ. Cualquier proyecto de reforma que se tramite para la implantación de la “Justicia de Proximidad”, y cualesquiera otras reformas legislativas, debe respetar este principio y por lo tanto estos “Juzgados” debe ser atendidos en exclusividad por los funcionarios de la Administración de Justicia.

2.- Concursos de traslado de ámbito de toda España, que se deben convocar, al menos, con carácter anual, en el primer trimestre de cada año, asegurando la efectiva participación en condiciones de igualdad de todos los funcionarios, cualquiera que sea el ámbito territorial en el que prestan sus servicios estableciendo, además, un sistema que garantice de manera permanente la inmediatez y la agilidad en la provisión de las vacantes.

3.- Una Oferta de Empleo Público, única y con convocatoria anual, que garantice la cobertura de todas las plazas no cubiertas por personal titular, y el respeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad así como el de publicidad. Asimismo, las bases de las convocatorias, temarios y pruebas, deben garantizarse que sean únicas para todo el Estado, asegurando la participación de todos los aspirantes en condiciones de igualdad, en ambos turnos.

4.- La defensa de una estructura retributiva única para todos los funcionarios judiciales del Estado integrada por el sueldo, antigüedad, que deberá seguir siendo el 5 % del sueldo para cada trienio, pagas extraordinarias (compuestas de sueldo, antigüedad y el 100% del complemento de destino, y el 100% del complemento específico), complemento general de puesto, cuyo incremento seguimos reclamando, aspectos todos ellos fijados por norma estatal como la Ley de Presupuestos Generales del Estado, además del complemento específico y la productividad fijadas por las CC.AA. competentes.

5.- La regulación de los permisos y licencias establecida en la LOPJ y demás normativa estatal aplicable, debe seguir siendo considerada como básica para todos los funcionarios de la Administración de Justicia.

Todo ello podría tener también como consecuencia, la integración de los funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social y por tanto, el mantenimiento de la MUGEJU como sistema de Clases Pasivas sólo para los Cuerpos de Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales y Médicos Forenses.

CCOO va a defender con toda la contundencia necesaria cualquier modificación de las competencias de las CCAA que supongan un cambio para los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia, sobre todo en materia de selección (oposiciones) y de movilidad (concursos de traslados), pues no sólo no existen razones sino que tampoco se entendería las transferencias de unos cuerpos de la Administración de Justicia sí y de otros no, y así lo volveremos a trasladar en la próxima mesa de negociación que esperamos sea convocada en breve como así fue el compromiso del Ministerio.

Madrid, a 22 de junio de 2009