Día de luto para la justicia internacional y de retroceso en la legislación española, que tiene una de las mejores leyes en la lucha contra la impunidad.
CCOO, AI, FIDH, HRW, APDHE, y organizaciones sociales y políticas consideran que la reforma legislativa aprobada por el Congreso introduce limitaciones al ejercicio de la Justicia Universal en España y opinan que cuando en el mundo lo que más sobra es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra ella, mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes mas atroces contra los seres humanos.
Sin que haya mediado un debate transparente y público sobre la reforma de la legislación que regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, el Congreso de los Diputados ha dado un paso más para acelerar un proyecto de ley con graves consecuencias para la lucha contra la impunidad. El día de hoy se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales.
La inmensa contribución efectuada por la justicia española durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido u ordenado cometer crímenes de derecho internacional se verá severamente recortada, si el proyecto de ley prospera.
La precipitación para dar trámite a la reforma revela un profundo desinterés por contribuir a poner cerco a quienes desprecian la dignidad humana. Con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación. Así, para que los jueces puedan conocer de tales casos y de aquellos otros igualmente cometidos fuera de España constitutivos de terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces, y el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, deberán acreditarse condiciones que pueden afectar seriamente la persecución de tales crímenes y la posibilidad de hacer comparecer ante la justicia a sus autores.
Por último, el texto propuesto, a pesar de que nombra a los tratados internacionales, no ofrece garantías de que éstos prevalecerán, lo que supondría vulnerar las obligaciones que bajo el derecho internacional pesan sobre España y la Constitución española.
