Llevamos años asistiendo a una burda utilización política de la Justicia, en la que los sucesivos gobiernos, de un signo político u otro, han vendido los parabienes de una reforma y modernización de la Administración de Justicia antes incluso de su puesta en marcha, realizando declaraciones grandilocuentes y actuando con una tremenda hipocresía para enfrentarse a los verdaderos problemas de la Administración de Justicia.
Los acontecimientos que han desencadenado los últimos escándalos en la Administración de Justicia y que han saltado a la luz pública y otros que, seguramente, desconocemos, han puesto de manifiesto que algo pasa con la Justicia y que todos los implicados en ella (poderes públicos, Administraciones competentes en materia de Justicia –Ministerio de Justicia y CCAA con competencias en Justicia-, CGPJ, trabajadores de la Administración de Justicia) debemos responder de su funcionamiento ante los ciudadanos, asumiendo las responsabilidades derivadas de nuestras actuaciones.
La sociedad se merece una explicación y sobre todo, unos dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias y que no traten de eludir sus responsabilidades culpabilizando a otros, pero, en primer lugar, se merece una disculpa por el bochornoso espectáculo que se está dando y una muestra de solidaridad pública con cuantas personas han sufrido las consecuencias de un mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
El poder político no ha sido capaz de anteponer los intereses de los ciudadanos por encima de los suyos propios en muchas de las cuestiones que han afectado al buen funcionamiento de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia siempre se encuentra, como no podía ser de otra manera, en el punto de mira de la sociedad y la pésima valoración que de ella hace, nos debe hacer reflexionar a todos: a los que directamente formamos parte de ella, a los responsables políticos que la dirigen, a las instituciones que deben actuar en su defensa, etc., etc.
La inmensa mayoría de los profesionales de la Administración de Justicia (Jueces, Fiscales, Médicos Forenses, Secretarios Judiciales, Facultativos del INT, Gestión Procesal, Técnicos Especialistas del INT, Tramitación Procesal, Auxilio Judicial, Ayudantes de Laboratorio del INT y personal laboral al servicio de la Administración de Justicia), tanto titulares como interinos, sustitutos o contratados, vienen demostrando día a día su profesionalidad y su compromiso para con el Servicio Público que prestamos, y a veces en condiciones francamente lamentables, propias de una Justicia del siglo XIX.
Podríamos enumerar una larga lista de asuntos que en las últimas semanas se han puesto de moda en todas las tertulias informativas
Un proyecto de Reforma y modernización de la Administración de Justicia que, por diversos motivos ajenos a los trabajadores y trabajadoras que prestamos servicio en ella, sigue sin definirse desde el 2003
El atasco judicial monumental en todas y cada una de las CCAA y en prácticamente todas las jurisdicciones (Las estadísticas e informes elaborados año a año por el CGPJ y que cada año sirven para el discurso inicial de la “apertura del año judicial” así lo demuestran)
El escaso número de órganos judiciales que se crean cada año
Órganos judiciales con plantillas cada vez más inferiores en número
Escaso número de jueces/habitante en relación a la media europea,
Falta de cobertura de gran parte de las plazas vacantes por personal titular
Programas informáticos obsoletos e incompatibles entre las diferentes Administraciones competentes
Ofertas de empleo público insuficientes y procesos selectivos que tienen una duración de más de dos años en las categorías de los Cuerpos Generales y de más de cinco años en las titulaciones superiores.
Un régimen disciplinario más duro y gravoso para el personal al servicio de la Administración de Justicia que para Jueces y Fiscales.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes son los responsables de decisiones como la de no cubrir los numerosos puestos de trabajo que quedan vacantes en los Juzgados y que es una de las más importantes causas de su mal funcionamiento, o de que en la Administración de Justicia se haya tardado cinco años en incorporarse los funcionarios titulares de nuevo ingreso que procedían de la oposición del 2003, o de que exista una tasa de empleo interino con una media altísima en el ámbito de toda España superior al 30% (en algunos ámbitos autonómicos superior incluso al 40 %), o los motivos de que aún no exista un sistema informático interconectado en toda la Administración de Justicia cuando otras Administraciones llevan años con esta cuestión absolutamente resuelta, o quiénes son los responsables de que la reforma de la Administración de Justicia no se haya puesto aún en marcha desde el año 2000, fecha en la que se firmó el Pacto por la Modernización de la Justicia entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, PSOE y PP, o por qué no existe acuerdo parlamentario durante más de dos legislaturas para aprobar la necesaria reforma de numerosas leyes procesales para su implantación, enviada hace sólo un par de meses al Parlamento o por qué a pesar de los avances en materia legislativa, la imprevisión e improvisación del Ministerio de Justicia no han llevado aparejadas ni incrementos de personal ni incremento en la Planta Judicial en los Juzgados Penales, por lo que las mismas plantillas han visto incrementadas notablemente sus cargas de trabajo…
¿Acaso no tienen grave responsabilidad en estas cuestiones tan importantes los diversos poderes políticos?
Todos estos problemas han sido denunciados una y otra vez por CCOO y realmente nos congratulamos de que también otros colectivos se sumen a estas reivindicaciones por la mejora del servicio público, pero una y otra vez, tanto el Ministerio de Justicia como el resto de Administraciones autonómicas competentes en materia de Justicia, han hecho, por unas u otras razones, (fundamentalmente políticas y económicas), oídos sordos a las mismas, eludiendo sus responsabilidades o trasladándolas a otros ámbitos o colectivos.
La solución a estos problemas no puede pasar nunca ni por perseguir a los trabajadores cuando convocan las acciones necesarias dentro de la legalidad vigente para defender sus legítimos derechos, ni por insultar constantemente a los que demandan mejores medios y normas para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, ni imponer castigos ejemplarizantes en expedientes disciplinarios, ni tan siquiera en “utilizar la chequera” para tener contentos a determinados colectivos que, en función del grado de presión mediática que ejerzan, trata de acallar sus voces discrepantes.
La solución sólo pasa por una verdadera apuesta por la Administración de Justicia que sólo puede venir dada por aunar todas las voces en reclamar una importante inversión pública en medios personales y materiales, en incrementar los órganos judiciales, en incrementar las plantillas de todos los Cuerpos, en la modificación de un sistema de guardias con graves carencias y donde se mantengan iguales condiciones para todos los intervinientes, en invertir en medios y programas informáticos que funcionen coordinadamente, en delimitar claramente las funciones y responsabilidades de cada uno…, basta ya de declaraciones retóricas del Ministro de Justicia que no se corresponden con la realidad: ¿A quién pretende engañar con sus cifras?
El presupuesto destinado a Justicia es del 1,5% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 3%; los datos ofrecidos por el Ministerio respecto a 5.493 plazas correspondientes a la Oferta de empleo público del año 2008, corresponden realmente a dos años, 2007 y 2008, puesto que en el año 2007 no se convocó oferta de empleo alguna en la Administración de Justicia; etc., etc.
Por todo ello, desde CCOO, instamos a todas las Asociaciones de Jueces, de Secretarios Judiciales, de Médicos Forenses, a los sindicatos representativos de los trabajadores de la Administración de Justicia, a reclamar la asunción de responsabilidades de todos los poderes públicos con competencias en la Administración de Justicia, Gobierno, CCAA con competencias y CGPJ, y a contraer un compromiso público con la sociedad sobre:
1 La necesaria coordinación de todos los responsables de este importante servicio, comenzando por todas las Administraciones competentes, quienes deben anteponer más allá de sus intereses políticos, los intereses de los ciudadanos,
2 La inmediata reforma de las leyes procesales, que permitan poner en marcha la implantación de una Nueva Oficina Judicial que signifique un avance cualitativo sobre la situación actual, respetuosa con los derechos de los trabajadores afectados, y donde estén perfectamente delimitadas las funciones correspondientes a todos los intervinientes.
3 Inmediata puesta en marcha de los sistemas informáticos necesarios, con una especial atención a la coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas. Deben existir sistemas compatibles e interconectados.
4 Modificación del sistema de guardias, sobre todo en aquellas que se realizan en los partidos judiciales con guardias de permanencia y disponibilidad, manteniendo iguales condiciones laborales para todos los que en ellas intervienen.
5 Reforma de los diferentes regímenes disciplinarios que actualmente rigen para los diferentes Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y proceder a la homogeneización entre todos ellos.
6 Compromiso expreso de todas las Administraciones competentes en:
· mayor incremento presupuestario en la dotación de medios personales y materiales en la Administración de Justicia
· estudio de la Planta Judicial adecuándolo a las verdaderas necesidades actuales
· cobertura de todas las plazas vacantes en los órganos judiciales sin excepción
· conversión de todas las plazas de refuerzo en plantilla siempre que su duración sea superior a un año, con el objeto de que éstas se adecuen al volumen de trabajo existente y tampoco sirva a los intereses clientelistas de las Administraciones
· incremento del número de órganos judiciales, con especial atención a los Juzgados de lo Penal, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil, de lo Social ante el incremento importante de estos asuntos derivados de la crisis económica, así como en aquellos servicios con funciones de ejecución.
· la dotación adecuada de plantillas en los órganos judiciales, cada vez más infradotados, comprometiéndose todas las Administraciones implicadas a incrementar las plantillas de los mismos cuando de los informes del propio Juzgados se deduzca su necesidad por el número de asuntos.
· incremento y adecuación de las plazas en las Ofertas de Empleo Público al número de plazas no cubiertas por personal titular y así, además, combatir la enorme bolsa de empleo en precario en todos los Cuerpos de la Administración de Justicia
· especial atención a la formación de todos los trabajadores y trabajadoras, con especial preocupación a los de nuevo ingreso o al personal interino de primer destino, ante la repercusión de las continuadas reformas legislativas a las que estamos siendo sometidos constantemente.
· Cambio en el sistema de desarrollo de los cursos selectivos de los aprobados de las ofertas de empleo público, que retrasan excesivamente la toma de posesión, por un curso en el destino definitivo del aprobado.
Madrid, 3 de febrero de 2009
Los acontecimientos que han desencadenado los últimos escándalos en la Administración de Justicia y que han saltado a la luz pública y otros que, seguramente, desconocemos, han puesto de manifiesto que algo pasa con la Justicia y que todos los implicados en ella (poderes públicos, Administraciones competentes en materia de Justicia –Ministerio de Justicia y CCAA con competencias en Justicia-, CGPJ, trabajadores de la Administración de Justicia) debemos responder de su funcionamiento ante los ciudadanos, asumiendo las responsabilidades derivadas de nuestras actuaciones.
La sociedad se merece una explicación y sobre todo, unos dirigentes políticos que estén a la altura de las circunstancias y que no traten de eludir sus responsabilidades culpabilizando a otros, pero, en primer lugar, se merece una disculpa por el bochornoso espectáculo que se está dando y una muestra de solidaridad pública con cuantas personas han sufrido las consecuencias de un mal funcionamiento de la Administración de Justicia.
El poder político no ha sido capaz de anteponer los intereses de los ciudadanos por encima de los suyos propios en muchas de las cuestiones que han afectado al buen funcionamiento de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia siempre se encuentra, como no podía ser de otra manera, en el punto de mira de la sociedad y la pésima valoración que de ella hace, nos debe hacer reflexionar a todos: a los que directamente formamos parte de ella, a los responsables políticos que la dirigen, a las instituciones que deben actuar en su defensa, etc., etc.
La inmensa mayoría de los profesionales de la Administración de Justicia (Jueces, Fiscales, Médicos Forenses, Secretarios Judiciales, Facultativos del INT, Gestión Procesal, Técnicos Especialistas del INT, Tramitación Procesal, Auxilio Judicial, Ayudantes de Laboratorio del INT y personal laboral al servicio de la Administración de Justicia), tanto titulares como interinos, sustitutos o contratados, vienen demostrando día a día su profesionalidad y su compromiso para con el Servicio Público que prestamos, y a veces en condiciones francamente lamentables, propias de una Justicia del siglo XIX.
Podríamos enumerar una larga lista de asuntos que en las últimas semanas se han puesto de moda en todas las tertulias informativas
Un proyecto de Reforma y modernización de la Administración de Justicia que, por diversos motivos ajenos a los trabajadores y trabajadoras que prestamos servicio en ella, sigue sin definirse desde el 2003
El atasco judicial monumental en todas y cada una de las CCAA y en prácticamente todas las jurisdicciones (Las estadísticas e informes elaborados año a año por el CGPJ y que cada año sirven para el discurso inicial de la “apertura del año judicial” así lo demuestran)
El escaso número de órganos judiciales que se crean cada año
Órganos judiciales con plantillas cada vez más inferiores en número
Escaso número de jueces/habitante en relación a la media europea,
Falta de cobertura de gran parte de las plazas vacantes por personal titular
Programas informáticos obsoletos e incompatibles entre las diferentes Administraciones competentes
Ofertas de empleo público insuficientes y procesos selectivos que tienen una duración de más de dos años en las categorías de los Cuerpos Generales y de más de cinco años en las titulaciones superiores.
Un régimen disciplinario más duro y gravoso para el personal al servicio de la Administración de Justicia que para Jueces y Fiscales.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer quiénes son los responsables de decisiones como la de no cubrir los numerosos puestos de trabajo que quedan vacantes en los Juzgados y que es una de las más importantes causas de su mal funcionamiento, o de que en la Administración de Justicia se haya tardado cinco años en incorporarse los funcionarios titulares de nuevo ingreso que procedían de la oposición del 2003, o de que exista una tasa de empleo interino con una media altísima en el ámbito de toda España superior al 30% (en algunos ámbitos autonómicos superior incluso al 40 %), o los motivos de que aún no exista un sistema informático interconectado en toda la Administración de Justicia cuando otras Administraciones llevan años con esta cuestión absolutamente resuelta, o quiénes son los responsables de que la reforma de la Administración de Justicia no se haya puesto aún en marcha desde el año 2000, fecha en la que se firmó el Pacto por la Modernización de la Justicia entre las dos fuerzas políticas mayoritarias, PSOE y PP, o por qué no existe acuerdo parlamentario durante más de dos legislaturas para aprobar la necesaria reforma de numerosas leyes procesales para su implantación, enviada hace sólo un par de meses al Parlamento o por qué a pesar de los avances en materia legislativa, la imprevisión e improvisación del Ministerio de Justicia no han llevado aparejadas ni incrementos de personal ni incremento en la Planta Judicial en los Juzgados Penales, por lo que las mismas plantillas han visto incrementadas notablemente sus cargas de trabajo…
¿Acaso no tienen grave responsabilidad en estas cuestiones tan importantes los diversos poderes políticos?
Todos estos problemas han sido denunciados una y otra vez por CCOO y realmente nos congratulamos de que también otros colectivos se sumen a estas reivindicaciones por la mejora del servicio público, pero una y otra vez, tanto el Ministerio de Justicia como el resto de Administraciones autonómicas competentes en materia de Justicia, han hecho, por unas u otras razones, (fundamentalmente políticas y económicas), oídos sordos a las mismas, eludiendo sus responsabilidades o trasladándolas a otros ámbitos o colectivos.
La solución a estos problemas no puede pasar nunca ni por perseguir a los trabajadores cuando convocan las acciones necesarias dentro de la legalidad vigente para defender sus legítimos derechos, ni por insultar constantemente a los que demandan mejores medios y normas para el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, ni imponer castigos ejemplarizantes en expedientes disciplinarios, ni tan siquiera en “utilizar la chequera” para tener contentos a determinados colectivos que, en función del grado de presión mediática que ejerzan, trata de acallar sus voces discrepantes.
La solución sólo pasa por una verdadera apuesta por la Administración de Justicia que sólo puede venir dada por aunar todas las voces en reclamar una importante inversión pública en medios personales y materiales, en incrementar los órganos judiciales, en incrementar las plantillas de todos los Cuerpos, en la modificación de un sistema de guardias con graves carencias y donde se mantengan iguales condiciones para todos los intervinientes, en invertir en medios y programas informáticos que funcionen coordinadamente, en delimitar claramente las funciones y responsabilidades de cada uno…, basta ya de declaraciones retóricas del Ministro de Justicia que no se corresponden con la realidad: ¿A quién pretende engañar con sus cifras?
El presupuesto destinado a Justicia es del 1,5% del PIB, mientras que la media europea se sitúa en el 3%; los datos ofrecidos por el Ministerio respecto a 5.493 plazas correspondientes a la Oferta de empleo público del año 2008, corresponden realmente a dos años, 2007 y 2008, puesto que en el año 2007 no se convocó oferta de empleo alguna en la Administración de Justicia; etc., etc.
Por todo ello, desde CCOO, instamos a todas las Asociaciones de Jueces, de Secretarios Judiciales, de Médicos Forenses, a los sindicatos representativos de los trabajadores de la Administración de Justicia, a reclamar la asunción de responsabilidades de todos los poderes públicos con competencias en la Administración de Justicia, Gobierno, CCAA con competencias y CGPJ, y a contraer un compromiso público con la sociedad sobre:
1 La necesaria coordinación de todos los responsables de este importante servicio, comenzando por todas las Administraciones competentes, quienes deben anteponer más allá de sus intereses políticos, los intereses de los ciudadanos,
2 La inmediata reforma de las leyes procesales, que permitan poner en marcha la implantación de una Nueva Oficina Judicial que signifique un avance cualitativo sobre la situación actual, respetuosa con los derechos de los trabajadores afectados, y donde estén perfectamente delimitadas las funciones correspondientes a todos los intervinientes.
3 Inmediata puesta en marcha de los sistemas informáticos necesarios, con una especial atención a la coordinación de programas y aplicaciones informáticas estatales y autonómicas. Deben existir sistemas compatibles e interconectados.
4 Modificación del sistema de guardias, sobre todo en aquellas que se realizan en los partidos judiciales con guardias de permanencia y disponibilidad, manteniendo iguales condiciones laborales para todos los que en ellas intervienen.
5 Reforma de los diferentes regímenes disciplinarios que actualmente rigen para los diferentes Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia y proceder a la homogeneización entre todos ellos.
6 Compromiso expreso de todas las Administraciones competentes en:
· mayor incremento presupuestario en la dotación de medios personales y materiales en la Administración de Justicia
· estudio de la Planta Judicial adecuándolo a las verdaderas necesidades actuales
· cobertura de todas las plazas vacantes en los órganos judiciales sin excepción
· conversión de todas las plazas de refuerzo en plantilla siempre que su duración sea superior a un año, con el objeto de que éstas se adecuen al volumen de trabajo existente y tampoco sirva a los intereses clientelistas de las Administraciones
· incremento del número de órganos judiciales, con especial atención a los Juzgados de lo Penal, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil, de lo Social ante el incremento importante de estos asuntos derivados de la crisis económica, así como en aquellos servicios con funciones de ejecución.
· la dotación adecuada de plantillas en los órganos judiciales, cada vez más infradotados, comprometiéndose todas las Administraciones implicadas a incrementar las plantillas de los mismos cuando de los informes del propio Juzgados se deduzca su necesidad por el número de asuntos.
· incremento y adecuación de las plazas en las Ofertas de Empleo Público al número de plazas no cubiertas por personal titular y así, además, combatir la enorme bolsa de empleo en precario en todos los Cuerpos de la Administración de Justicia
· especial atención a la formación de todos los trabajadores y trabajadoras, con especial preocupación a los de nuevo ingreso o al personal interino de primer destino, ante la repercusión de las continuadas reformas legislativas a las que estamos siendo sometidos constantemente.
· Cambio en el sistema de desarrollo de los cursos selectivos de los aprobados de las ofertas de empleo público, que retrasan excesivamente la toma de posesión, por un curso en el destino definitivo del aprobado.
Madrid, 3 de febrero de 2009
